El “plan renacer” de las Farc llegó a Bogotá

09 Marzo 2011

Eduardo Mackenzie

Apenas unas horas antes de que el abogado Fernando Vargas Quemba sufriera un grave atentado en Bogotá, del que salió por fortuna ileso, pues su automóvil blindado lo protegió, el comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely,  decía a  periodistas de El Colombiano que la seguridad democrática no estaba perdiendo terreno y que lo que había “en el imaginario colectivo” era únicamente “la impresión que generan muchas cosas puntuales, pequeñas”.

El almirante Cely  agregó que gracias  al esfuerzo de las Fuerzas Militares “el país pudo salir de esa época de terror, de secuestro en las ciudades y de problemas que habían tan delicados”.  Y dió a entender que el problema es ésto: "la gente no denuncia".

Tal valoración de la situación de orden público, lamentamos decirlo, es errada. El país, por el contrario, está siendo llevado de nuevo y a marchas forzadas --por la ofensiva que  realizan las Farc y por los errores del nuevo gobierno--, a una nueva fase de terror, inseguridad y  secuestros y no sólo en las ciudades. Al atentado contra Fernando Vargas, escritor, defensor de militares y  presidente del comité de victimas de las guerrillas, se suma ahora el secuestro, éste 7 de marzo, de  23 trabajadores subcontratados por la petrolera canadiense Talismán, en una zona rural de  Puerto Príncipe (Vichada).  

Ninguno de esos dos hechos son  “cosas puntuales y pequeñas”. Todo lo contrario, son dos actos más de la larga cadena de violencias que las Farc le están propinando al país. Con el atentado contra Fernando Vargas, asesor, además, de las comunidades afro descendientes del Atrato, quedó probado que el “plan renacer” de Alfonso Cano ya está  haciendo desastres en Bogotá.  

El noticiero La Hora de la Verdad, que dirige Fernando Londoño Hoyos,  respondió a unas declaraciones del general Alejandro Navas, comandante del Ejército, tan optimistas como las del Almirante Cely,  con un impresionante resumen de los golpes sufridos por militares y policías en los  dos primeros meses de este año. Esa lista dice que, sin incluir las atrocidades sufridas por la población civil, hay 75 soldados, policías e infantes de marina  muertos y heridos  en ese corto periodo. Si esa tendencia no es quebrada, las bajas de la fuerza pública, sin incluir civiles, serán de 450 o más al finalizar el año. Como en Afganistán.

Alfonso Cano  ha visto  que el gobierno de Juan Manuel Santos, para ganarse la simpatía de la izquierda colombiana y continental, abandonó la política de la seguridad democrática. Con mucha lógica, Cano ha visto que eso le abre una ventana para  arrancarle a Santos, como hizo Tirofijo con Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana,  unas concesiones que duplicarán su capacidad militar y política.  

¿Qué plan tiene el gobierno para  romper la nueva dinámica de las Farc? Ninguno. O al menos no se ve que tenga uno.  Para propinarle golpes a las Farc  y llevarlas a una fase de desmantelamiento definitivo, las Fuerzas militares necesitan ser ayudadas por el país todo y, sobre todo, recuperar la confianza perdida. ¿Con qué moral puede ir un soldado al combate si sabe que una semana, un mes o un año después, o más tarde, una acusación fabricada por la subversión puede acabar con su carrera y con las economías de su familia?

El país debe proteger a sus soldados y actualizar la justicia penal militar, esa que las Farc quieren destruir para humillar y desmovilizar a los mejores defensores de la patria.    

El 18 de enero de 2011, Fernando Vargas había enviado una carta abierta el presidente Santos en donde mostraba la falla mayor de la ley de víctimas que se tramita en el Parlamento. “Excluir a las víctimas del accionar criminal de las guerrillas comunistas de los años 50´s, sería un inadmisible acto de invisibilización de víctimas de la guerrilla. Pero también quedarían invisibilizadas las víctimas de las guerrillas de los años 60’s y 70’s, desconociendo insosteniblemente que esas fueron las épocas en que nacieron públicamente las FARC, ELN, EPL, M-19 y demás organizaciones guerrilleras que desde entonces produjeron víctimas civiles y militares. Esta parte de la historia del conflicto no debe invisibilizarse tampoco, porque puede entenderse como acto de impunidad y manipulación de la memoria misma del conflicto.”  

Furiosa con ese noble combate del doctor Vargas Quemba, las Farc le respondieron con su cobarde atentado del 3 de marzo. ¿Y que hizo el gobierno frente a eso? Lo único que  hemos visto es indiferencia e indolencia. No hubo ni una declaración de repudio, ni  una sola medida para proteger a la víctima. ¿Qué ha hecho para capturar a los responsables? Nadie sabe nada. En cuanto a los média, su actitud fue igualmente innoble: un silencio cuasi total.  

¿El gobierno va entonces a abandonar también a los verdaderos defensores de los derechos humanos que están ahora en la mira del terror comunista?   

El fondo de ese debate, al que las Farc responden con tiros, no es ni siquiera saber a quién se le reconocerá el estatuto de víctima. Lo que quiere la subversión es sepultar bajo un manto de olvido  legal los primeros treinta años de violencias, infamias  y manipulaciones que necesitó el comunismo para consolidar su proyecto totalitario en Colombia. ¿Va a dejar el gobierno de Santos que ese acto abyecto de revisionismo histórico y político sea consagrado en la ley de víctimas? Si él deja pasar eso tendremos que admitir que las Farc han ganado de nuevo.

Eduardo Mackenzie es abogado y periodista colombo-francés residente en París desde hace más de una década. Es autor del "Best seller" "FARC: Fracaso de un terrorismo" (Colección actualidad, Debate, 2007, Bogotá) y de "El enigma IB" (Sobre el caso de Ingrid Betancourt) (Random House Mondadori, 2008, Bogotá).